Acusan a Musharraf de asesinato de exprimera ministra pakistaní Bhutto

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Benazir ButhoIslamabad, 20 ago (PL) El expresidente pakistaní Pervez Musharraf fue acusado hoy de la muerte de la exprimera ministra Benazir Bhutto y el próximo 27 deberá responder a los cargos de asesinato, conspiración criminal para asesinar y facilitación de asesinato. Adoptada por una corte de la norteña ciudad de Rawalpindi, la acusación contra un exjefe del Ejército no tiene precedentes en el país, que en más de la mitad de sus 65 años de vida republicana ha sido gobernado por militares.

La decisión, además, es el peor revés sufrido por el exgobernante desde su regreso a Pakistán en marzo último. De ser encontrado culpable de la muerte de Bhutto pudiera encarar la pena de muerte o la de cadena perpetua.

La exprimera ministra fue víctima de un atentado suicida con bomba el 27 de diciembre de 2007 poco después de participar en un mitin electoral en Rawalpindi.

En abril último la Agencia Federal de Investigaciones pidió a un tribunal de esa ciudad indagar sobre el involucramiento de Musharraf en el asesinato.

La corte dio por buena la petitoria fundándose en varios hechos, entre estos, dos sospechosas comunicaciones del exgobernante a Bhutto.

En la primera -una llamada telefónica a la exjefa de gobierno cuando está se encontraba en el exilio-, Musharraf le advirtió que no regresara a Pakistán para participar en las elecciones, mientras en la segunda -un correo electrónico- le apuntó que de volver al país no se le proporcionaría seguridad.

Por el caso también están detenidos Khurram Shahzad y Saud Aziz, a la sazón superintendente y jefe de la policía de Rawalpindi, respectivamente, de quienes se dice que actuaban bajo las órdenes del entonces presidente.

Tras cuatro años de autoexilio entre Londres y Dubái, Musharraf regresó en mazo con la intención de participar en las parlamentarias de mayo.

Pero a poco de su llegada sobre él llovieron las acusaciones, incluidas la de alta traición y terrorismo, fundadas en su decisión de derogar la Constitución e imponer el estado de emergencia en el 2007, así como arrestar a 60 jueces que objetaban sus decisiones. Actualmente guarda prisión domiciliaria.

Sobre él pesan otros cargos, incluido el homicidio de un líder tribal, la muerte de decenas de estudiantes durante el asalto a una mezquita y la desaparición de cientos de personas.

Visto como un enemigo por muchos políticos y militantes islámicos por aliarse con Estados Unidos en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, también está bajo amenaza de muerte por parte de los talibanes.

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