Barrick Gold: ¿buena para el país?

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Por: Matías Bosch Carcuro

Matías BoschDurante un buen tiempo, la campaña de marketing de la empresa Barrick Pueblo Viejo se sustentó en el eslogan “Lo que es bueno para mí, es bueno para el país”. Un excelente ejercicio de síntesis y creación de marca, orientado a convertir a los habitantes de Sánchez Ramírez en la vanguardia de la defensa del proyecto minero Pueblo Viejo.

A primera vista, es muy positivo que un proyecto de inversión multimillonario como éste se instale en cualquier pueblo o provincia de nuestro país. En teoría, la conjunción de una nueva aglomeración de empleados con sueldos relativamente mayores a los de la zona, la demanda de diversos productos por parte de la empresa, y el ejercicio de una amigable “responsabilidad social empresarial” deberían conducir a un florecimiento de emprendimientos y soluciones a problemas locales, que harían la vida más llevadera.

La pregunta clave resulta la siguiente: ¿Es suficiente eso para que la empresa sea un aporte a la solución de los problemas de la provincia Sánchez Ramírez y del país?

Para contestarlo, lo primero es entender de qué tipo de empresa estamos hablando y ver sus limitaciones. Una empresa extractiva como Barrick Pueblo Viejo podría potenciar el desarrollo y bienestar de una sociedad cuando: 1) crea una gran masa de empleo nuevo (pero las empresas mineras son intensivas en capital, no en mano de obra) 2) adquiere equipos industriales y tecnología de alto valor agregado (pero sabemos que la República Dominicana más bien se ha desindustrializado y todos los equipos sofisticados son adquiridos en el mercado internacional) ó 3) lo más importante, cuando hace un esfuerzo tributario y aporta riqueza que el Estado redistribuye en gasto social e inversión pública.

Lamentablemente, en la República Dominicana -al igual que en el resto de América Latina- entre fines de los setenta e inicios de los ochenta, se impuso lo que algunos estudiosos han llamado “modelo multiexportador”. Éste fue el objetivo último de las conocidas reformas neoliberales, que favorecieron el desequilibrio entre los centros económicos –productores-ganadores de los bienes con valor agregado- y los países periféricos y dependientes, como el nuestro –compradores-perdedores.  América Latina volvió a ser exportador neto de materias primas sin procesar y fuente de mano de obra barata. Los bajos salarios y poca estabilidad de los trabajadores (“flexibilidad laboral”) y los bajos impuestos (“fomento de la inversión”) se convirtieron, así, en las principales fuentes de “competitividad”, en una loca “carrera hacia el fondo” liderada por aquel gobierno que ofrezca más barato su país. Fue en ese marco que se creó el concepto de “responsabilidad social corporativa”, dejando a las compañías seleccionar, a su arbitrio, cómo y dónde colaborar con el bienestar de su entorno, desvinculadas de toda obligación política y social (precisamente lo que resume en el lema “si es bueno para mí, es bueno para el país”).

En República Dominicana, la implantación del modelo multiexportador se expresó en el cambio de matriz productiva-exportadora: de tener ciertas industrias y producir caña de azúcar, el país pasó a centrar su economía en los servicios (comunicaciones y banca) y a exportar  a través de las zonas francas; también a través  del turismo y, ahora, la explotación de las riquezas minerales. La característica común de estas actividades es que se basan en atraer inversiones ofreciendo a los inversionistas bajos salarios y múltiples exenciones fiscales.

En términos simples, mientras la economía local se queda con las migajas (sueldo promedio de 8 mil pesos y escasos impuestos), el inversionista se apropia de la mayor ganancia al ser el dueño del producto final que se vende en el exterior (los paquetes turísticos en España, el jeans o la ropa interior en Nueva York, el oro en el mercado mundial). El país no puede generar mercado interno pues sus trabajadores son pobres, y el Estado apenas puede gastar e invertir debido a sus pírricos ingresos.  Esto es justamente lo que hemos denominado “régimen de riqueza hacia arriba y hacia afuera, y pobreza hacia abajo y hacia adentro”.

La República Dominicana sobrevive con un déficit fiscal estructural (recauda menos de lo que necesita) y una brutal deuda social producto de la concentración de la riqueza en muy pocas manos: hay carencias en educación, salud, vivienda, agua potable, energía eléctrica, protección medioambiental, deporte, cultura. Los datos de Sánchez Ramírez son contundentes: según el censo de 2002 (el país no ha cambiado tanto en diez años) la provincia expulsaba al 23.7% de su población residente, seguramente en búsqueda de mejores oportunidades. Tan sólo el 42.81% de la población económicamente activa estaba ocupada y el 58% de ellos en actividades informales.  El 21.2% de los nacimientos eran hijos de madres menores de 20 años, mientras el 60.78% de los hogares aún usaba letrina y tan sólo el 26.7% de las viviendas recibían en su interior agua de acueducto. El 52% de los habitantes de provincia había llegado sólo a primaria y apenas el 8.42% a la universidad.

Nada de eso lo puede resolver por sí misma la Barrick. Las buenas prácticas de la empresa pueden  ser una ayuda –nadie lo discute-, pero su gran contribución debe ser tributando más y  mejor, fortaleciendo así el papel redistributivo del Estado. Apoyar el surgimiento de pequeños negocios o colaborar con servicios comunitarios, de manera aislada y sin comprometerse seriamente con el país -como si los pueblos turísticos y mineros fueran un montón de islas desperdigadas en el mapa- es reproducir lo que podemos calificar “responsabilidad social empresarial desarraigada”.

Con las reglas actuales, el Estado dominicano participará sólo en un 28.75% de las ganancias del proyecto Pueblo Viejo, sumado al impuesto sobre la renta. Si se adoptaran modelos de países latinoamericanos, como el del Ecuador, sus ingresos podrían llegar al 56%, y por concepto de ganancias extraordinarias obtendría el 70% de los beneficios adicionales.

Se deben cambiar las reglas del juego. Ejemplos hay y razones abundan. Porque, definitivamente, lo “bueno para mí” no funciona si no es, también, lo mejor para el país.

Para comunicarse con el autor: matias.bosch@gmail.com 

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